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El final de 2025 y la entrada del nuevo año han situado al municipio de Caudete de las Fuentes ante lo que una asociación vecinal califica como “un reto que puede modificar su entorno, su habitabilidad y condicionar su desarrollo de forma irreversible”. La entidad se refiere a la tramitación de un proyecto para la construcción de una planta destinada a la producción de gas metano a partir de residuos orgánicos, con una superficie construida de 11.106 metros cuadrados sobre un total de 24 hectáreas.
Desde la asociación aseguran que se trata de “una tramitación exprés”, ya que, a su juicio, “no se ha tenido en consideración la magnitud de la obra, el flujo de materia ni los procesos que supone su operación”. En este sentido, denuncian que “se ha malinterpretado la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana”, pensada —según recuerdan— para la protección y el desarrollo de territorios rurales con baja densidad de población, facilitando la implantación de actividades coherentes con el entorno.
“Estamos hablando de granjas, bodegas, almazaras, aulas de interpretación de la naturaleza o centros de turismo rural, integrados en el paisaje”, explican, y consideran que “equiparar este macroproyecto, por su extensión y procesos, a una actividad propia del medio rural es una interpretación errónea de la estrategia”.
La asociación sostiene que esta interpretación ha dejado la aprobación del proyecto en manos de la Autorización Ambiental Integrada, “delegando la supervisión de parámetros urbanísticos y de operación en el Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes, que cuenta con escasos recursos y no debería asumir esta responsabilidad”.
Asimismo, afirman que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio “ampara la necesidad de exigir una Declaración de Interés Comunitario (DIC)”, recordando que el propio documento recoge literalmente que “para evitar arbitrariedades, será necesaria la previa Declaración de Interés Comunitario”. Según indican, esta figura “garantiza que la actividad en suelo rústico se ajuste a la legalidad y que su aprobación dependa de un organismo autonómico”.
La entidad vecinal también asegura que “el proyecto presentado no se ajusta a varios parámetros urbanísticos del PGOU”, pese a que, según señalan, el promotor sostiene lo contrario. “Para gran parte de los vecinos esto supone un abuso”, afirman, y recuerdan que ya se han presentado más de 250 alegaciones, que prevén ampliar conforme avancen en el análisis del expediente.
En relación con el funcionamiento de la planta, la asociación alerta de que se prevé tratar 145 millones de kilos de residuos anuales, que “no proceden ni de los ganaderos del municipio ni de sus 725 habitantes”, lo que implicaría la entrada diaria de unos 400.000 kilos de residuos procedentes del exterior”. Añaden que se generarán 145.000 litros diarios de un fluido sin interés nutritivo, para el que “no se contempla ni depósito de acumulación ni sistema de depuración”, así como 23.600 kilos diarios de solución de sulfato amónico, que se almacenarían en depósitos de gran capacidad. “¿Qué ocurriría en caso de un vertido?”, se preguntan.
La asociación también muestra su preocupación por el uso de ácido sulfúrico y sosa cáustica en el proceso, así como por la emisión de ácido sulfhídrico, responsable —según indican— de “un olor sofocante”. En este punto, critican que “la depuración del aire y de los olores se deja en manos de unas bacterias de cuya eficacia no se aporta información”, y advierten de que la renovación de aire prevista, de 85.000 m³/hora, se vertería directamente a la atmósfera “sin detallar el impacto de las partículas en suspensión”.
Desde el punto de vista urbanístico, denuncian “la ausencia de un cuadro claro de superficies, volúmenes y alturas de las edificaciones”, y aseguran que “sin profundizar demasiado en el proyecto técnico ya se detecta que algunas construcciones superan la altura máxima permitida”, citando digestores de 22,7 metros, lo que consideran contrario al PGOU.
Otra de las cuestiones que destacan es “la ausencia de un plan de reversión”. Según explican, “si las instalaciones quedaran obsoletas, nuestros descendientes tendrían que asumir la recuperación del terreno o convivir con un impacto paisajístico permanente en una superficie de 24 hectáreas”.
Con todo eso, la asociación afirma que quiere “expresar el descontento de una parte importante de la población por este procedimiento relámpago” y reclama “información veraz, comprensible y con tiempo suficiente para poder analizarla”. Concluyen señalando que “no creemos que los atajos vayan a favorecer al promotor, porque somos de nuestro pueblo, sabemos lo que tenemos y lo que nos jugamos”.
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