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La organización recomienda instalar tecnologías de seguridad en estas instalaciones y exige una aplicación efectiva en el medio rural de la ley sobre la multirreincidencia
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) alerta de una preocupante oleada de robos en pozos de riego que está afectando de manera significativa a explotaciones agrarias de las comarcas de la Ribera Alta y l’Horta Sud. Estos actos delictivos están provocando importantes daños en las infraestructuras de riego, hasta el punto de imposibilitar en muchos casos el normal desarrollo de la actividad agrícola.
Según denuncian los agricultores afectados, los asaltantes sustraen materiales de alto valor en el mercado ilegal, como cobre, baterías, cableado eléctrico, bombas de extracción de agua y equipos electrónicos. Asimismo, también es habitual el robo de combustible almacenado en estas instalaciones, lo que agrava aún más el impacto económico de estos delitos. El problema no se limita únicamente a los costes derivados de la reposición de los materiales robados o de la reparación de las infraestructuras dañadas. La paralización de los sistemas de riego puede provocar pérdidas muy importantes en las cosechas, especialmente en periodos críticos de desarrollo de los cultivos, si las reparaciones no se llevan a cabo con la suficiente rapidez.
Así lo detalla Joaquín, un agricultor de Montroi afectado, cuyo pozo de riego fue “completamente desvalijado, robando el transformador y todo el cableado”. En esta línea, asegura que el montante de las pérdidas y las reparaciones asciende a “unos 15.000 euros”. “Son grupos delictivos que van con maquinaria y preparados, con radiales y herramientas para cometer el delito, esto no es una cuestión de entrar y salir en dos minutos”, apunta el afectado.
Sistemas disuasorios para incrementar la seguridad
Ante este escenario, AVA-Asaja recomienda a los agricultores la instalación de dispositivos de seguridad como medida preventiva. Estos sistemas resultan eficaces porque incrementan la dificultad, el riesgo y el coste de cometer robos, lo que actúa como elemento disuasorio. Además, permiten alertar en tiempo real de intrusiones, recopilar pruebas mediante imágenes o grabaciones, proteger los elementos más valiosos de las instalaciones y evitar la repetición de los delitos.
Desde la entidad se ha exigido una aplicación efectiva en el medio rural de la ley, tras la entrada en vigor de la modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer las penas por hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas y reforzar la respuesta frente a la multirreincidencia. En este sentido, desde AVA-Asaja se ha exigido medios adecuados y coordinación entre los cuerpos de seguridad y justicia.
En este sentido, según estimaciones de AVA-Asaja, los robos en el sector agrario de la Comunitat Valenciana alcanzan anualmente pérdidas cercanas a los 30 millones de euros. El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha manifestado que “los agricultores no pueden seguir siendo víctimas indefensas de esta lacra. Cada robo no solo supone un perjuicio económico, sino también un golpe moral para quienes trabajan día a día en el campo”.
