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El Ayuntamiento de Buñol celebró en la tarde del lunes el pleno correspondiente al mes de mayo, una sesión atípica, sin público y con las distancias de seguridad personales entre concejales para evitar contagios.
Tras la aprobación del acta de la sesión anterior se sometió a debate la modificación de la tasa para las terrazas de los establecimientos de hostelería del municipio. El punto salió adelante por unanimidad de todos los grupos, lo que supone que ningún bar o restaurante de Buñol pagará esa tasa en 2020, lo que ayudará a aliviar la situación económica de este sector, en el que predominan los autónomos y micropymes.
En el turno de palabra, la oposición pidió explicaciones por el resto de medidas anunciadas, a lo que el edil de Hacienda, Manuel Sierra respondió que ya «estaban listas las bases para que los autónomos y pymes pidieran ayudas con una primera partida de 110.000 euros, al igual que una partida de emergencia social», y defendió que en esta situación “hay que dar pasos, adelante, tomar la iniciativa y canalizar decisiones”, lo que se ha visto plasmado en el Pacto por la Recuperación Local.
El pleno también apoyó por unanimidad una propuesta del PSOE de apoyo institucional para la Federación Valenciana de Municipios, en la que se defendía el papel esencial del municipalismo en la gestión de la crisis del Covid-19 y su servicio a la ciudadanía.
Además se proponía que los ayuntamientos puedan disponer del superávit anual completo para gasto corriente como forma de hacer frente a las medidas derivadas de la crisis provocada por la pandemia.
El Partido Popular pidió que el pacto aprobado por unanimidad «fuera real y que se pudiera ejecutar en caso de lograr el compromiso del Gobierno», a lo que la alcaldesa, Juncal Carrascosa, afirmó que en Buñol “estamos comprometidos con todos los ciudadanos”.
Tras estos puntos se pasó a dar cuenta de las resoluciones de alcaldía y se dio cuenta de la liquidación del presupuesto de 2019, que ha arrojado un superávit de 143.422,22 €, «menor que otros años por reducción de ingresos por licencias de obras, de ingresos por el Impuesto de Actividades Económicas, y por haber incluido en esa partida para restar el reconocimiento de deuda», tal como explicó Manuel Sierra.
Además se dio cuenta de la liquidación del cuarto trimestre de 2019 y del primero de 2020, en el que el consistorio de Buñol está algo por encima de los 30 días máximos que marca la ley para pagar a proveedores, algo que se achacó a un proceso de digitalización puesto en marcha, que permitirá ser más ágiles en todo el área económica ya en este trimestre.
En el turno de ruegos y preguntas, se preguntó si este año habrá algún tipo de acto por el Día del Orgullo Gay, a lo que la edil de Igualdad, Tania Carrascosa, respondió que al «no poderse celebrar actos con público el 28 de junio se harán otras actividades y se colgarán los símbolos de los balcones del consistorio».
También se preguntó sobre la adjudicataria de El Planell «que llegó a hacer hasta tres subcontratas de los trabajos, lo cual es legal, pero va en detrimento de la calidad de la obra», según explicó Rafa Pérez. “Ha habido incumplimientos flagrantes en tiempos, en los acabados y se les va a penalizar”, aseguró el concejal. En el caso de la calle Castaños el problema “es distinto, no es un problema de personal, fue de falta de materiales, no llegaban por el Covid-19. Además ha habido modificaciones por petición de los vecinos que ha hecho que se retrasara la obra, y otros de carácter arqueológico”, aseguró Pérez.
También se preguntó por el retraso en la construcción del ecoparque a lo que Rafa Pérez respondió que hubo «unos problemas con la empresa adjudicataria por el cambio de ubicación y que ahora mismo se está a expensas de la autorización ambiental de la Conselleria»; y se preguntó por las multitudes de personas en los últimos días en zonas como Turche o el Roquillo a lo que la edil María Vallés respondió que mientras dure el Estado de Alarma “la Policía Local está a las órdenes de la Delegación del Gobierno, y no del Ayuntamiento, y desde la Delegación del Gobierno se ordenó que el pasado fin de semana se hiciera pedagogía, y así se hizo, sin multar”, y añadió que “se pidió ayuda a la Guardia Civil, y es cierto que ha sido un fin de semana con una gran falta de civismo, por lo que se va a empezar con una campaña de multas para disuadir de esos comportamientos”.
Por último se preguntó por el destino a cooperación internacional del 0.7% del presupuesto local, a lo que Carlos Xerri respondió dando «cuenta de las numerosas asociaciones y ONG con las que se trabaja y que desarrollan su labor en todo el mundo, sin sesgo ideológico».
Por último, se preguntó a la alcaldesa y a la edil María Vallés por la petición de un sindicato policial de pruebas PCR para los policías locales y la petición de equipos de protección. Contestaron que en «todo momento han tenido el material que han solicitado y que así figura en un informe del máximo responsable de los policías; en cuanto a las pruebas PCR recordaron que no son potestad del ayuntamiento, si no que deben ser prescritas por un médico si considera que es necesario».
Además, aseguraron que no «ha habido ni casos ni síntomas de los mismos por Covid-19 entre la plantilla de la policía ni del resto de trabajadores del ayuntamiento».
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