El PP de Godelleta se muestra en contra de la subestación eléctrica, aunque considera «un error» iniciar un contencioso administrativo

Comol informó este semanario en su edición impresa, el Partido Popular de Godelleta considera «un error» que tanto Partido Socialista como Esquerra Unida hayan decidido presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno central por la instalación de una subestación eléctrica en su término municipal.
Los populares han reiterado su oposición al citado proyecto en numerosas ocasiones, pero entienden que llegados a este punto, y tras haber sido desestimados los recursos, «hay pocas o nulas posibilidades de ganar, lo que repercutirá muy negativamente en las arcas municipales». El coste de este proceso al que PSOE y EU han dado el visto bueno en el último pleno celebrado esta semana «puede superar los 500.000 euros —la cuarta parte del presupuesto—, todo eso a sabiendas de los informes jurídicos que confirman las remotas posibilidades de que el recurso prospere», según han explicado desde el Partido Popular.
Es oportuno remarcar que el plenario local (PP, PSOE y EU) se ha posicionado en repetidas ocasiones en bloque en contra de esta actuación, aunque el Consejo de Ministros ha priorizado en todo momento la utilidad pública de la actuación, según han insistido los populares.
Una vez agotada la vía administrativa mediante los escritos y recursos que en la ley se contienen «y a fin de tener una decisión adoptada ante la posibilidad de que los intentos del Ayuntamiento tuvieran desfavorable acogida, se celebró en fecha 4 de abril de 2013 reunión de concejales con la asistencia de los cinco del grupo popular, tres del grupo socialista y uno de EUPV-PUG, constando en acta de la comisión la intención de no interponer recurso contencioso administrativo contra la resolución aprobatoria del proyecto dada la dificultad de que tal recurso pudiera prosperar ante un proyecto del Estado de tal magnitud», detallan desde el PP.
«El único motivo que en todo momento movió al grupo popular en su meditada decisión de no acudir a la vía contencioso administrativa, caso de ofrecerse tal posibilidad, no fue otro que el producto de la ponderación de las posibilidades de éxito de un recurso de esta naturaleza contra un proyecto del estado, de millones de euros y declarado de utilidad pública en contraposición al alcance que para un Ayuntamiento como Godelleta podría suponer la desestimación de dicho recurso, tanto en lo que se refiere a una imposición de costas como en lo relativo a costes de medios probatorios para la correcta fundamentación del mismo», afirman los populares.
Tras solicitar asesoramiento jurídico a los expertos en la materia, desde el PP se afirma que el proceso «puede derivar en unas costas de unos 250.000 euros, cantidad a la que se debe sumar otros 200.000 euros más para la elaboración del pertinente informe pericial».
«Ante el riesgo que conllevaría seguir adelante con un recurso contencioso administrativo con muy escasas posibilidades de éxito por las razones harto señaladas y ante la evidente carga económica que para las arcas públicas supondría abonar el coste de un informe pericial de parte, contradictorio, de los que obran en el proyecto que se pretende impugnar e igualmente ante el hipotético supuesto de recibir además una condena en costas, es por lo que el grupo popular entiende razonable y proporcionada su decisión de no interponer recurso contencioso administrativo contra la orden ministerial al principio de este escrito señalada, una vez han sido agotadas todas las posibilidades que la vía administrativa ha permitido», concluyen los populares.
Desde el Partido Popular se explica que las alegaciones presentadas al proyecto han sido contestadas por Red Eléctrica recordando que esta actividad no está catalogada como insalubre, nociva, molesta o peligrosa.
Además, se detalla que se cumple con las distancias mínimas respecto a la población marcadas por la ley y que se cumple con la recomendación del Consejo Europeo relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos. Por último, se recuerda que de no existir consenso en torno al suelo, prevalecerá la decisión estatal sobre el planeamiento urbanístico municipal.

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