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El Consejo de Ministros ha autorizado a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E. (ENRESA) la celebración de un contrato para la fabricación, suministro y entrega de diez contenedores para el almacenamiento en seco del combustible gastado de la central nuclear de Cofrentes (Valencia).
El contrato autorizado tiene como objeto suministrar un total de 10 contenedores para la central nuclear de Cofrentes, 10 sistemas de vigilancia de fugas para controlar la presión entre las dos tapas del contenedor, así como repuestos -tapas, tornillos, y juntas – que pueden ser necesarios en el mantenimiento y vigilancia de dichos contenedores.
El valor estimado del contrato es de 30.314.520 euros y el plazo de ejecución de 5 años, estableciéndose una primera entrega de cinco unidades en diciembre de 2022 y una segunda entrega de los cinco restantes en diciembre de 2024. Los contenedores tendrán similares características a los adquiridos por Enresa en 2017.
El combustible gastado de las centrales nucleares, extraído del reactor en las paradas de recarga, se deposita bajo el agua en piscinas localizadas en sus instalaciones. Debido a las limitaciones de espacio, pasado un tiempo, éste combustible se introduce en contenedores y se deposita en un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en las propias centrales.
«Gracias a estos contenedores se podrá hacer frente a las recargas de combustible de la central de Cofrentes en los ciclos posteriores a 2021 (en concreto en octubre de 2023 y en octubre de 2025) en consonancia con la fecha de cierre prevista para esta central -2030- establecida en el Protocolo de intenciones firmado por las propietarias de las centrales y Enresa en marzo de 2019, que tiene en cuenta también las previsiones establecidas, en relación con la contribución de la energía nuclear al mix energético, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021- 2030 que el Gobierno de España ha remitido a las autoridades de la Unión Europea», según el Ministerio.
La compra de los contenedores se realizará con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que, en aplicación del principio de “quien contamina paga”, se nutre de la prestación que satisfacen los productores de los residuos. En el caso de las centrales nucleares en explotación, la cuota que abonan es el resultado de multiplicar la energía generada por cada central por una tarifa fija unitaria.
Mediante el Real Decreto 750/2019, de 27 de diciembre, se modificó dicha tarifa, elevándola hasta 7,98 €/MWh. Con este incremento se consigue el equilibrio entre los costes futuros actualizados y las prestaciones que abonan las centrales.
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